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¿Que 20 años no es nada?

Por su interés informativo, publicamos el artículo del presidente del COFM, remitido al Anuario de El Global antes de la actual crisis sanitaria

Haría mal la profesión en pensar que, tarde o temprano, como la fruta madura, un político visionario acabará abriéndonos de par en par las puertas del SNS para que los farmacéuticos demostremos cuánto podemos hacer por la salud de los ciudadanos. Más aún cuando el Ministerio de Sanidad se ha convertido en una estación de paso para sus titulares que impide definir una hoja de ruta o aprobar una sola medida o reforma dirigida a consolidar nuestro sistema de salud.

Si llega ese día, quizá entonces, la profesión farmacéutica no tenga mucho más que mostrar, salvo una alarmante debilidad económica de la red de oficinas de farmacia después de encajar, durante más de dos décadas, un sinfín de recortes a cuenta del margen profesional del sector.

Precisamente, este nuevo año entrante celebramos 20 años desde que un Gobierno decretó con carácter de urgencia imponer a la farmacia española unos descuentos y deducciones que han acabado enquistándose para desesperación de sus profesionales. Solo en Madrid, las farmacias devolvieron 54 millones de euros en 2019 de los 93 millones de euros aportados por el conjunto de la cadena del medicamento. Imagínense cuántos proyectos y servicios, cuántos avances profesionales se podrían haber financiado a cargo de esta contribución obligatoria desde el año 2000 y de otras medidas similares que nunca han revertido en el sector.

“Queremos una nueva Ley de Farmacia en Madrid, remunerar los servicios de guardia, recuperar algunos DH para la farmacia y avanzar en la recertificación de competencias”

Revertir o paliar los efectos de este gravamen atípico, que merma la rentabilidad de la farmacia e hipoteca el futuro del sector, debería haber sido una prioridad para la profesión. De nada sirve ahora lamentarse. Ha sido, y seguirá siendo, una de las primeras reclamaciones de la Junta de Gobierno del Colegio que presido, pero qué duda cabe que exige un impulso nacional sostenido para hacerse escuchar y reivindicar con fuerza esta justa reclamación de la farmacia española.

Hasta entonces, siempre he sido partidario de seguir avanzando, aunque sean pequeños pasos, pero siempre en la buena dirección, con el fin de recuperar la rentabilidad de la farmacia para acometer proyectos más ambiciosos. Soy un firme defensor de una política farmacéutica realista que no esconda la precaria situación económica que atraviesa el sector y apueste, como señalé en la última Asamblea General de colegiados, por alcanzar objetivos concretos en el terreno profesional y económico. Es la mejor respuesta ante el escenario de máxima incertidumbre política, económica y profesional en el que, por desgracia, seguimos inmersos.

No creo que sea el momento de embarcarse en planes y horizontes lejanos que bien pueden diluirse en el tiempo o confundirse con castillos en el aire si no cuentan con un apoyo político decidido que hoy, por cierto, brilla por su ausencia. Al contrario, prefiero fijar metas realistas y responder por ellas, eso sí, trabajando. Es la única forma que entiendo de construir grandes proyectos a largo plazo.

Nuestros esfuerzos este año apuntan en tres direcciones. Resumiendo, queremos aprobar una nueva Ley de Farmacia en la Comunidad de Madrid. Ya nos hemos reunido con las asociaciones más representativas para aprovechar la oportunidad abierta en esta legislatura de mejorar el texto en beneficio de los profesionales y pacientes.

En segundo lugar, vamos a analizar los costes de los servicios de guardia en la región y ver de qué forma podemos compensar o remunerar a los farmacéuticos por este esfuerzo profesional que no está reconocido. Si cada guardia se pagase a 120 euros, el presupuesto para esta partida rondaría los 1,8 millones de euros. Creo que es una cantidad asumible, una vez vistos los retornos del sector.

Y, en la misma línea económica, queremos recuperar algunos medicamentos de diagnóstico hospitalario y, para ello, estamos promoviendo distintos acuerdos con grupos de pacientes o laboratorios que apuestan por su dispensación en farmacia, siendo conscientes de que quien califica y clasifica los medicamentos es la Agencia Española del Medicamento.

No nos resignamos a contemplar cómo se sigue abriendo esta brecha en el mercado farmacéutico entre el canal hospitalario y el de oficina de farmacia, relegada a dispensar ya más de la mitad de los medicamentos a un precio inferior a tres euros. Se trata de una dinámica que nos conduce a la quiebra del modelo y a la irrelevancia sanitaria como profesionales. Tampoco nos quedaremos de brazos cruzados si, finalmente, el Gobierno decide poner en marcha el Plan de Acción de medicamentos genéricos y biosimilares. Sería el remate final.

Por último, seguiremos avanzando en el terreno profesional a través de la recertificación de competencias o en los nuevos servicios farmacéuticos. Estamos trabajando para lanzar un programa piloto que permita la intervención del farmacéutico en determinadas indicaciones de medicamentos para descongestionar las consultas de los centros de salud. Vayamos, pues, paso a paso, sin más demoras, demostrando al ciudadano y a la Administración que somos mucho más que medicamentos. Podemos hacer múltiples cosas por la salud si nos dejan y si nos libramos del lastre que nos frena desde hace ya 20 años. Estoy seguro de que esta situación no durará cien años, porque no habrá farmacia que lo resista.

30 de julio de 2020

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