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El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, ha señalado hoy en una entrevista publicada por el diario especializado Sanifax que confía en que la futura Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica recoja las alegaciones presentadas por la corporación madrileña, con el objetivo de aprobar una regulación “que tenga en cuenta los próximos 20 años”. “No se trata de corregir una ley, la de 1998, sino de intentar hacer una norma que vea el futuro de la farmacia y el espacio que debe ocupar y espero que así se recoja en este anteproyecto que pronto veremos las aportaciones que se han realizado desde el sector y hayan sido recogidas por los responsables de la redacción de la ley”, asegura.

Luis González aprovecha también para aclarar la polémica suscitada por el informe presentado en octubre por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En su opinión, “no es noticia”, ni tiene ningún recorrido. Dicho informe proponía reducir el módulo para abrir una oficina de farmacia a 700 habitantes y acortar el de distancia entre farmacias de la Comunidad de Madrid a 150 metros. “La nueva redacción del Anteproyecto de Ley publicado en el Portal de Transparencia, el 14 de diciembre, rechaza ya esta propuesta”, según explica el presidente.

La propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en sus páginas 42 y 43, deja muy clara en su exposición, primero, el conocimiento de la legislación básica y la intencionalidad de la Consejería de Sanidad y, segundo, las razones por las que se rechaza el contenido de la observación referida a la reducción de habitantes y distancias.

Para Luis González “pueden respetarse todo tipo de ideas u opiniones, pero lo que no es admisible en derecho es la ignorancia que parece tener la Secretaría General Técnica de las leyes básicas del Estado y del concepto de farmacia como establecimiento sanitario no sujeta a la actividad económica de mercado amparada en la ley 20/2013”.

Al margen de estas consideraciones, el planteamiento de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía llevaría a la Comunidad de Madrid a disponer de 9.600 oficinas de farmacia, en lugar de las 3.000 abiertas en la región, por lo que “no hay capital europea, incluso de mayor población, que disponga de tres veces más del número de farmacias como se proponía”, puntualiza el presidente.

“No es una cuestión de competencia en el mercado, es una cuestión de condena al cierre y ruina del sector, porque la facturación seguiría siendo la misma y si no fuera así, quien estaría condenado sería el Sistema Regional de Salud porque no podría pagar la factura pública”, zanja la cuestión.