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El Colegio oficial de Farmacéuticos de Madrid alerta a la población de que las caídas estructurales de precios de los medicamentos están ocasionando desabastecimientos con claro perjuicio para los pacientes.

El farmacéutico, no obstante, como profesional del medicamento está resolviendo un problema que debería ser tutelado por la Administración del Estado, adoptando medidas de control y de incentivo a la dispensación.

Los anuncios del Gobierno de seguir adoptando medidas sobre los precios preocupan al conjunto del sector del medicamento y, en el caso de las farmacias, aún más, por cierres de farmacias o problemas de viabilidad económica comprometida (VEC) en todas las autonomías.

Las políticas de recortes frente a las de incentivos están poniendo en riesgo a un sector puntero y estratégico, donde la calidad y la accesibilidad al medicamento suponen la equidad del sistema, que puede verse truncado con anuncios como los de las subastas de medicamentos o la apropiación por el Estado de un porcentaje sobre el volumen de compra que las farmacias obtienen del fabricante amparado en el marco legal de la normativa farmacéutica.

El farmacéutico debe seguir fomentando el genérico y los biosimilares, pero la administración también debe incentivar -y no penalizar- la labor del farmacéutico.

Una política indiscriminada de subastas del medicamento, reducciones de precios o pretender -la Administración- beneficiarse de algo ajeno, como son descuentos legales obtenidos en la compra (el Estado no compra), conduce a una política irracional del medicamento con respuesta del sector y, sin duda, de la sociedad por lo que se pudiera interpretar como una pérdida de su conquista social.

La Salud no está en subasta, ni tampoco el bienestar social. Cuando se hablan de recortes sociales parece que se olvidan de las políticas del medicamento y de las consecuencias que, para una pyme como la farmacia, tienen a corto y medio plazo.

En los años 2000 y 2010 los Gobiernos pusieron en marcha dos reales decretos, como consecuencia de la crisis económica, que penalizan gravemente la estructura económica de la farmacia. Aún se mantienen.

Ha pasado la crisis económica del país y la farmacia sigue sufriendo importantes deducciones de su facturación al Sistema Público y, por si ello fuera poco, anualmente se revisan los precios de los medicamentos, a la baja, a través del Sistema de Precios de Referencia.

En estos momentos es insostenible la presión que se ejerce sobre un modelo de establecimiento sanitario que pretende llevar al paciente la profesionalidad y la accesibilidad al medicamento como un bien social que no puede ser reducido a un plan de subastas con deterioro social de la imagen y eficacia del medicamento.