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El Colegio de Farmacéuticos de Madrid: “El modelo de farmacia lo deben avalar los ciudadanos, no son los políticos”

Por su interés reproducimos la entrevista concedida por Luis J. González Díez, presidente del COFM, a OKDIARIO

Luis J. González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, cree que el anteproyecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la nueva Ley de Farmacia deberá contar con la revisión y las ideas de los diferentes agentes del sector. «Quiero ser prudente, aún es un borrador», pero sí que tiene claro que el modelo de farmacia venidero debe ser «avalado por los ciudadanos y no por los políticos», ha detallado en una entrevista con OKSALUD.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está elaborando un texto de ley para el sector farmacéutico. ¿Cree usted oportuna o necesaria dicha ley?

Efectivamente. Se ha publicado recientemente en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid lo que consideramos un primer borrador de anteproyecto de ley. Es decir, muy previo para poder valorar su contenido, ya que, como se sabe, en estos momentos dicho borrador se ha sometido a la rueda interna de los centros directivos de las distintas Consejerías. Lo lógico es que a partir de ahí se produzcan cambios y un nuevo texto que corregirá, sin duda, lo que es hoy ese borrador, un marco discutible, pero en ningún caso definitivo como para generar un rechazo frontal a sus contenidos. A partir de ahí, el nuevo anteproyecto se volverá a publicar para someterlo a audiencia pública para que todos podamos aportar sugerencias que sirvan para enriquecer, y corregir en su caso, el articulado del anteproyecto.

Oportuna, tal y como usted me dice no lo sé. Lo que sí se es que cualquier momento de una legislatura es bueno si la voluntad del Gobierno es firme. Y esta próxima ley, aunque sea por trámite de urgencia, puede ser definitivamente oportuna. Lo que está claro es que han transcurrido 23 años desde la ley del 98, y en consecuencia han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad que requieren respuesta de una ley, no de un desarrollo reglamentario, porque en casos concretos es dudosa su efecto jurídico.

En cuanto a lo que apunta de sí es necesaria, yo le diría que sí, que lo es. Sólo le pongo un ejemplo, la planificación de las farmacias del 98 nada tiene que ver con la planificación sanitaria de hoy de la Comunidad de Madrid. Partiendo de esta base, que es la más importante, podremos planificar las oficinas de farmacia en torno a las zonas básicas de salud de los Centros de Salud. Las guardias, las vacaciones, los traslados… Todo parte de una planificación adecuada ajustada a la planificación sanitaria de la Comunidad. Para este sector una pieza clave es la colaboración activa entre Primaria (Centros de Salud) y las farmacias. Debe ser un avance, yo más bien diría una necesidad a reconocer, que la ley debe contemplar.

Acaba de emplear usted la palabra “urgencia” en el trámite de la ley. ¿Por qué esa urgencia?

Sí, soy consciente de ello, es totalmente legal y es un procedimiento más que se emplea en determinadas ocasiones. Los argumentos le corresponde darlos al Gobierno, y si lo han considerado así, pues supongo que le asisten razones sociales, jurídicas o de oportunidad.

Por otra parte, que yo conozca a nadie se le restringe la posibilidad de participar, lo único es que se reducen los plazos. Le recuerdo que, en el anterior proyecto de 2018, que no salió adelante, una de las cuestiones que se emplearon por parte de los políticos fue, precisamente, dilatar los trámites con excusas poco serias. Son argucias nada recomendables para una democracia madura, pero, también es cierto que son legales si el Reglamento de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, o de otras Comunidades lo reflejan.

¿Cómo valora el borrador que se hizo público?

Yo quiero ser prudente en este tema. Como bien dice se trata de un borrador que está siendo trabajado, de forma interna, por las SGT y direcciones de las Consejerías. Nosotros confiamos en que el Centro directivo encomendado para la redacción de la ley, es decir, la dirección general de Inspección y Ordenación analizará en las siguientes rondas consultivas todo lo que el sector pueda aportar para que la ley tenga el carácter de futuro que necesita, desarrollando el farmacéutico funciones que los pacientes están demandando. Valoraré, entonces ese segundo anteproyecto que ya podrá ser tratado por todos para que la ley adquiera sentido práctico y real de cuál es el papel del farmacéutico, en todos los niveles, y por supuesto, en el de las farmacias, como establecimiento sanitario, concertado de interés público.

No le quepa la menor duda que todos deseamos una buena ley. Desde la directora general, con la que hablo a menudo hasta el Consejero o partidos políticos con los que me estoy viendo, buscan la participación de una farmacia moderna en un contexto colaborativo interprofesional, con las funciones y actividades que la sociedad y el marco jurídico determine y siempre buscando la mejor prestación al paciente.

¿Cree usted que el sistema regulado de las farmacias es lo más adecuado para los ciudadanos?

Sin duda. No le quepa la menor duda. La liberalización de un sector tan estratégico como es la oficina de farmacia generaría graves distorsiones en el servicio y accesibilidad de los ciudadanos al medicamento. Lo estamos viendo con los bancos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero están desapareciendo. Estamos, en todo caso, ante un establecimiento sanitario, no ante un establecimiento comercial, y esto lo entienden muy bien los ciudadanos.

Yo les hago una pregunta que creo que es razonable en el actual contexto económicosocial. Vamos a suponer que se liberaliza la instalación de las farmacias, bien. La pregunta, ¿se liberalizan, ¡para poder competir claro!, también los precios y márgenes de los medicamentos? Mire, el medicamento es el único bien social que todos los años baja sus precios, no así otros productos que, siendo también bienes esenciales, sin embargo, todos los años al menos suben el IPC.

Esto de la liberalización son mitos que llevados a la práctica sus resultados serían catastróficos para los ciudadanos. La concentración de farmacias ya ocurrió durante la República, sería tan capilar que habría grandes zonas geográficas donde no se vería ni una, entre otras razones porque todo el mundo buscaría la mejor ubicación. Luego el principal objeto que es la accesibilidad al medicamento se quiebra. También nos pueden decir, no en esas zonas será el Estado quien instale la farmacia.

Obviamente, si fuera así, estamos hablando de un modelo muy distinto. Quien avala el modelo no son los políticos, sino los ciudadanos, y la legislación tiene que adecuarse a las demandas de los ciudadanos, tienen que buscar lo mejor para los ciudadanos y ahí tenemos encuestas socio-demoscópicas de todos los colores, eso sí, con un reconocimiento notable a la labor del farmacéutico y al servicio que se presta con los medicamentos, su seguimiento, adherencia…, antes, durante y posterior a la pandemia.

¿Cree que esta ley debe reconocer funciones y servicios novedosos?

Por supuesto. Lo que sucede es que se deben encuadrar en un marco normativo estatal. Las leyes de las Comunidades Autónomas desarrollan las leyes básicas, y en eso estamos. Simplemente desarrollando la prevención y promoción de la salud, función asignada por la ley estatal a las oficinas de farmacia, tendríamos un vasto abanico para emprender nuevas actividades que esta ley debe reconocer, siempre en colaboración con la Administración.

¿Cree usted que se está entendiendo por el farmacéutico esa actividad novedosa que surge con la pandemia como es el servicio a domicilio de las personas?

Sinceramente creo que algún farmacéutico no lo está entendiendo, y espero que el segundo borrador deje clara la redacción y el fondo de lo que se persigue, que no es otra cosa que dar solución a pacientes dependientes domiciliarios.

Mire, durante el confinamiento nuestro consejero publicó una Orden por la que se autorizaba a la farmacia, voluntariamente y si lo creía así el farmacéutico, a desarrollar una atención farmacéutica domiciliaria a personas dependientes, mayores, polimedicadas e incluso con problemas, en muchos casos, de movilidad, al margen del miedo de nuestras personas mayores.

Nadie, que yo recuerde se quejó de aquello, todo lo contrario. Fue una iniciativa, tanto de la Dirección General como nuestra, muy aceptada por la ciudadanía, por cierto, la misma Directora a la que se le encarga la ley. Ni tampoco recuerdo que se dijera por nadie nada con respecto a convertirse esa actividad en un servicio delivery con entrada de empresas que hoy existen en otros sectores. Todo lo contrario. El farmacéutico hizo lo que tenía que hacer con sus pacientes en esos momentos. Ahora, de lo que se trata es que aquello que reconocieron los ciudadanos y que aplaudieron, se eleve a rango de ley, porque la Orden ya no es vigente desde la caída del confinamiento.

Se trata de un servicio, voluntario, de una farmacia asistencial que, de aplicarse, la ley tendrá que dejar claro cómo se ha de desarrollar ese servicio de la mano siempre de un farmacéutico de una oficina de farmacia que ha dispensado el medicamento y del que se responsabiliza ante el paciente, incluso elaborando, tras la dispensación, los llamados SPD para determinados pacientes.

A ningún paciente de residencias socio-sanitarias (residencias de mayores) en Madrid le ha faltado durante la dureza de la pandemia los medicamentos para sus tratamientos. Las personas que eran válidas, si podían, elegían la farmacia para que le dispensaran los medicamentos, aquellas personas que no eran válidas era entonces el Centro, el tutor o el familiar quien se ocupó de que a ese paciente no le faltasen los medicamentos. Y, siempre había una farmacia detrás. Ese servicio se trata de mantener en la ley y que a la vez reconozca principios de elección de farmacia por el ciudadano, y de garantías para aquellos otros pacientes no válidos, que no tienen capacidad de elección.

Por último, entonces piensa que el texto de ese borrador es mejorable, ¿no?

Por supuesto. Hay cosas que se deben añadir para entender mejor lo que se quiere significar, habrá que adecuar las funciones y actividades que se puedan desarrollar; hay artículos que habrá que llevarlos a la realidad, por ejemplo, el régimen sancionador, y hay otros artículos que se deberán incorporar o desarrollar después de lo que ha supuesto la pandemia.

Todo en esta vida es mejorable. En cualquier caso, debemos esperar para conocer un texto al que podamos aportar ideas, experiencias, mejoras… en beneficio, primero de los pacientes, y segundo de quienes van a prestar ese servicio que somos los farmacéuticos.

 

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12 de noviembre de 2021

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