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El gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) en recetas en 2018 se situó en niveles de 2006 después de abonar 154 millones de recetas más, según los datos del Ministerio de Sanidad. Es decir, la farmacia facturó al sistema público lo mismo que hace 12 años pero dispensando un 20 por ciento más de recetas.

El balance del año pasado sobre el gasto en recetas facturadas al Sistema Nacional de Salud sigue revelando una importante disfunción que juega en contra del futuro de las oficinas de farmacia en España.

Si bien el gasto público en recetas en España se elevó un 3 por ciento en 2018, lo que supone el quinto ejercicio consecutivo en positivo después del profundo recorte aplicado al sector durante 2010 y 2014, la facturación al SNS no se ha recuperado y se sitúa todavía al nivel de 2006, lejos del máximo histórico de 2009 (ver tabla). Han pasado, por tanto, doce años y los ingresos por recetas dispensadas facturadas al sistema público continúan estancados en torno a los 10.500 millones de euros.

Ni que decir tiene que los gastos de las oficinas de farmacia han seguido elevándose año tras año como consecuencia de la subida de todos los consumos y costes de personal, entre otros, por lo que el futuro del sector sigue cuestionado.

Los datos de cierre de 2018 avanzados por el Ministerio de Sanidad confirman el impacto económico que la política farmacéutica seguida por los distintos gobiernos desde 2009 está teniendo sobre el sector de oficina de farmacia. La bajada continuada de los precios de los fármacos y la aplicación de precios menores a través del sistema de precios de referencia está deprimiendo la economía del sector y se traduce en un gasto medio por receta de 11,34 euros en 2018, frente a los 13,45 euros de media de 2008. Esta situación provoca que las oficinas de farmacia dispensaran el año pasado 923,95 millones de recetas para ingresar 10.476 millones de euros. En 2006, se alcanzó este nivel de ingresos (10.636 millones de euros) dispensando 769 millones de recetas, es decir, con 154 millones de recetas menos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el gasto público del Servicio Madrileño de Salud en recetas en 2018 se situó en niveles de 2008 después de abonar 9 millones de recetas más o, lo que es lo mismo, la farmacia madrileña facturó al sistema público lo mismo que hace 10 años, pero dispensando un 9,2 por ciento más de recetas.

Además de esta tendencia de gasto en los medicamentos dispensados en oficina de farmacia, el sector deberá tener en cuenta el impacto del cambio aprobado en la aportación farmacéutica. El Gobierno calcula que beneficiará a un total de 7,8 millones de personas, entre pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuales y activos con rentas bajas e hijos a cargo. El coste añadido que supondrá para las arcas autonómicas será de 392 millones de euros, cerca de un 4 por ciento más que tendrá que sufragarse a cargo de los presupuestos regionales y que, sin duda, aumentará la presión sobre esta partida.