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Por muchos planes, estrategias y horizontes de futuro que planteemos, hay realidades que no se pueden obviar. Una de las más significativas es el extraordinario vuelco producido en el mercado farmacéutico español, hasta el punto de repartirse, ya este mismo año, las ventas entre el canal de oficinas de farmacia y el canal de farmacia hospitalaria, según la previsión de IQVIA.

Baste decir para apreciar la magnitud del cambio que, hace solo diez años, dos de cada tres euros de gasto público en medicamentos se invertía en la red de oficinas de farmacia. El resultado, como bien saben, es un mercado farmacéutico a dos velocidades que, lógicamente, merma los ingresos y resta posibilidades de crecimiento del sector.

Qué duda cabe que se trata de un proceso derivado en buena parte de la concentración de la investigación en el área de las especialidades. El 60 por ciento del centenar de nuevos tratamientos que se han lanzado y lanzarán entre 2014 y 2023 corresponde a terapias oncológicas, según los datos de la misma consultora.

En España, sin embargo, se ha profundizado en esta dinámica. En los primeros años de la crisis se clasificaron muchos medicamentos de diagnóstico hospitalario con reservas singulares para restringir su dispensación a la farmacia hospitalaria por razones puramente económicas que hoy se siguen manteniendo. Siguen así desviándose al canal hospitalario innovaciones cuya forma farmacéutica o de administración no lo requiere para obtener ahorros en el corto plazo, a costa del bienestar y el bolsillo de los pacientes.

Corregir estas políticas se ha convertido en una prioridad ineludible por varios motivos. En primer lugar, creo que se lo debemos a los ciudadanos. Los pacientes tienen derecho a acceder a sus tratamientos en las mejores condiciones de seguridad y con garantías de obtener los resultados esperados. Si eso solo lo garantiza la dispensación hospitalaria, así debe hacerse. Pero si no existen razones clínicas y es el propio paciente quien se administra el medicamento en su domicilio, hay que primar la proximidad, cercanía, flexibilidad de horarios y garantía de seguimiento y adherencia al tratamiento que ofrece la red de oficinas de farmacia, sin citas previas ni listas de espera. Este es su enorme valor añadido sin coste adicional para el paciente, porque lo que no se contabiliza es el gasto de los ciudadanos en desplazamientos al hospital. Tampoco se tiene en cuenta la sobrecarga que exigen a una farmacia hospitalaria que arrastra importantes esperas, por no hablar de la mala asignación de recursos que supone.

El balance es pues pírrico para el SNS y pésimo para los ciudadanos y la oficina de farmacia. En Madrid llevamos trabajando más de dos años con la Consejería de Sanidad en esta dirección y confío en que muy pronto veamos los frutos de este compromiso profesional e institucional con los pacientes y con los farmacéuticos.